Como auguraba Allende, se abrieron
las alamedas

“Trabajadores de mi patria: tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor”. Salvador Allende (11/09/73)

(04/07/11) Por Danilo Quijano. Parafraseando a Salvador Allende, hoy podemos decir que se  abrieron las alamedas en todo Chile. Mejor dicho la abrieron chilenos y chilenas, en Santiago, Concepción, Valparaíso y otras ciudades. Es un hecho irreversible, que condensa la puesta en movimiento de diversos sectores sociales en la última década, frente a la voracidad del capital local/transnacional y la complicidad de una clase política, disque democrática, desde 1990 enquistada en el Congreso y entronizada en la administración del estado, gracias al sistema electoral binominal pinochetista.

Cómo no recordar en estos días a las familias pehuenches y a las hermanas Bertha y Nicolasa Quintreman, su férrea resistencia a la Represa Ralco[i], cuyo proyecto se aprueba con el aval de la genuflexa administración Frey Ruiz Tagle (1997). La multitudinaria marcha en rechazo a la visita de George W Bush, con motivo de la Asamblea General APEC (Santiago, 2004), durante la administración Lagos, la misma que firma la mayor cantidad de tratados de libre comercio en representación del estado chileno[ii]. Las protestas de l@s valdivianos por la muerte de cisnes de cuello negro, del Santuario de la Naturaleza del Rio Cruces (2005)[iii], por la acción contaminante de Celulosa Arauco, vinculada al Grupo Angelini[iv].

Con mayor razón la «revuelta pingüina» (2006)[v], que remece Chile desde Arica hasta Punta Arenas, con el beneplácito y apoyo generalizado de la ciudadanía; demuestra que la Presidenta Bachelet no es la “mandataria” y sus elector@s l@s “mandantes”, sobre todo debela la mentira e hipocresía oficial al conseguir más presupuesto para la educación, desbaratar la LOCE[vi] y finalmente provocar una gran crisis ministerial y la terminación del voceado “gabinete paritario”[vii]. Cómo no mencionar las recientes iniciativas ciudadanas protagonizadas por los movilizados en contra de Hidroaysen.

Por cierto, en el trasfondo de este apretado recuento está presente la tenaz lucha del pueblo mapuche, sus iniciativas para recuperar sus tierras y territorios usurpados por plutocracias pasadas y recientes, bajo el amparo y apoyo represivo de un estado-nación  hegemónico, que se precia de ser nacional, sobre la base de la negación histórica de otras nacionalidades o pueblos, como el mapuche, aymara, quechua, rapa nui, etc.; a los que solo reconoce como habitantes de Chile, en la lógica perversa de una inclusión/exclusión en el mercado y la representación estatal, socialmente clasificados y racializados como inferiores y, por ende, subordinados y subsumidos en una chilenidad que supuestamente (también) los identifica y relaciona igualitariamente con los chilen@s otros.

A diferencia del Mayo Chileno (2006) y sin perjuicio de su meritos, es importante señalar que esta vez sí se conjugan varios conflictos y actores sociales en un mismo espacio y tiempo, los que en cierto modo (a la vez) condensan y expresan un generalizado malestar social y existencial, hasta hace poco contenido en Chile, en particular por ese sentido común generalizado en el imaginario social popular y de las capas medias (herencia traumática de la dictadura civil y militar pinochetista), y que electoralmente se expresa en “yo voto por la concertación, para que no gane la derecha pinochetista”. Sentido común que congresistas y gobernantes manipulan durante 20 años, con el mito falas de la “transición a la democracia”.

Sin embargo, como ese sentido común se desdibuja y pierde sentido al cabo de dos décadas de frustraciones y aprendizajes, los protagonistas de uno de los lados de los conflictos; vale decir los que se cansaron de estar atrapados y consumidos por el consumo, sobre todo ninguneados en sus demandas por mejores condiciones de vida, mejores ambientes laborales, remuneraciones salariales dignas, en sus pedios de más tiempo de ocio creativo y para amar; esta vez aparecen con cuestionamientos y propuestas más precisas y claras, por cierto perfectibles por ell@s mismos. Por lo pronto suelen autodenominarse «movimientos ciudadanos» o «iniciativas ciudadanas», re/aparecen reclamando para sí mismos y para tod@s otra manera de concebir y realizar la política. Una política basada en las asambleas, las deliberaciones, las consultas y el previo consentimiento de la ciudadanía -mandato-, a toda escala social. A la vez comprendida como un proceso que habita preferentemente en la sociedad civil y se manifiesta en correlaciones sociales y de poder  emergentes, con nuevas/viejas
maneras de tomar decisiones, en las que las diferencias tienen legítima cabida y el consenso en ningún caso es un mecanismo de disciplinamiento social.

Por consiguiente, se trata de una política cuya realización en y desde la vida cotidiana de tod@s, es conducente a otra organización de la autoridad colectiva y su ejercicio, a su socialización permanente, y, por lo mismo, en este caso subordinando la «razón de estado» y su aparataje institucional -sus políticas públicas, como es la política educativa- y a los partidos políticos, a las motivaciones y «razón liberadora» que habitan y emergen desde la sociedad civil. En ese exacto sentido,  l@s hoy movilizados en Chile, sin perjuicio de sus propuestas y protestas, con todo el derecho que les asiste ell@s están aprendiendo a «mandar obedeciendo» y así a ejercer su propio poder edificante, exigiendo «para todos, todo», como es el caso de la des/privatización de la educación que proponen y exigen los estudiantes secundarios y universitarios.

Al respecto, si bien nada es seguro, aún así, en Chile hoy adquieren nuevos sentidos las posibilidades inmediatas y futuras para la «construcción democrática de una sociedad democrática». Hoy es más visible y vivible en Chile otro horizonte, cuya denominación más común por ahora es el Buen Vivir;  radicalmente diferente y opuesto al de la modernidad asociada al sistema-mundo-colonial-capitalista, cuya manida jerga y engaño es denominar democracia y estado de derecho, a la igualación ante el estado y la ley, de quienes viven y se reproducen socialmente clasificados y desiguales en la sociedad civil, el mercado y en la representación o acceso a la administración estatal. Tal vez por eso mismo la denominada «clase política» y su establishment por estos días están aterrados. En particular el Ministro de Educación Joaquín Lavín[viii] y sus sostenedores de la UDI[ix], porque aquel podría seguir los pasos de la ex ministra Magdalena Matte[x].

Por cierto, en las circunstancias descritas, es oportuno advertir que las dicotomías «izquierda/derecha» u «oficialismo/oposición» en Chile –como en otros países-, sobre todo por sus desempeños en la realidad real, por sus ambigüedades y vacios semánticos en cada caso, hoy resultan estrechas o insuficientes (en cierto modo inconducentes), para dar cuenta de las certezas, dificultades y alcances de ese otro horizonte real y posible que asoma  en y para Chile.

Sobre la violencia que la mayoría de los medios de comunicación, al igual que los voceros de la administración Piñera atribuyen a l@s movilizados, es oportuno recordarles que, en circunstancias en las que la clasificación social y el abuso del poder, vale decir las relaciones de dominación/explotación/conflicto son las hegemónicas, la violencia suele ser una manera de resolver los conflictos. Y si no lo quieren admitir, habrá que recordarles (bien que lo recuerdan) el bombardeo a la moneda el 11 de septiembre de 1973 y los miles de detenidos, desaparecidos y torturados.  En todo caso, y esto hay que decirlo con toda claridad y fuerza, la violencia propiamente tal, hoy no es lo que singulariza la puesta en movimiento de decenas de miles de chilen@s, como no lo es en toda la redondez del mundo. Lo central en Chile y en otros países y continentes, sin duda alguna es la emergencia de un otro horizonte de vida, de propuestas y protestas y formas distintas de ejercer la autoridad y un poder edificante para tod@s y con participación de tod@s.

Ah! en todo caso, la estética y elan de los hoy movilizados en Chile, por ende Chile mismo, con rasgos propios, también son parte de los perfiles que hoy delinean el rostro del otro mundo que emerge en y desde América Latina y El Caribe, África y el extremo oeste de Asia (también, autodenominado y re/conocido como Europa).

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Martes, 28 de septiembre de 2010

Por Israel Arias Quijano

LA FUNCIÓN PÚBLICA BAJO LA LUPA

Durante el 2010, el gobierno promulgó leyes destinadas al reforzamiento y mejora de la lucha contra la corrupción en el Perú. Sin embargo, las recientes declaraciones de la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ponen en tela de juicio dicho compromiso frente a la falta de recursos financieros para su ejecución, como la Ley Nº 29574, que adelanta la implementación del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.

Esta ausencia presupuestal contradice lo dispuesto en el Art. 4º de la misma Ley, que compromete al Ejecutivo a la transferencia de dichos recursos financieros. Asimismo, preocupa la mediatización de este tipo de leyes, cuando todo el proceso de adecuación del nuevo Código Procesal Penal se encuentra aletargado por la falta de financiamiento. Pareciera persistir la mala costumbre de promulgar leyes sin sustento técnico económico.

La Ley Nº 29574 busca combatir los delitos de concusión, colusión, peculado, malversación, corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, entre otros, en la administración pública. Sin embargo, aún faltan más de tres meses para su aplicación, con lo cual queda pendiente de adecuación en cada uno de los distritos judiciales del país. Durante este tiempo, se tiene que reforzar la cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos en el Estado.

La Contraloría General de la República reporta 900 denuncias contra municipalidades; 179 contra órganos desconcentrados; 95 contra gobiernos regionales; 85 contra instituciones públicas descentralizadas; entre otras; en desmedro del erario nacional, según su último registro de denuncias al 31 de agosto del presente. Asimismo, desde el 2001, se observa un aumento en las denuncias contra instituciones públicas. Se espera que la Ley Nº 29555, que dispone la incorporación progresiva de los órganos de control institucional a la Contraloría, permita el reforzamiento de los mecanismos de control institucional contra actos de corrupción.

El Ejecutivo está en la obligación de promover en el Estado una actitud proactiva frente a la lucha contra la corrupción. Son los mismos funcionarios públicos, entre otros, los llamados a denunciar directamente actos de corrupción institucional. Por eso los órganos de control interno estatal, en representación de la Contraloría, tienen que sensibilizar al funcionario público en este tipo de denuncias, así como su protección al hacerlas. Está en manos de la sociedad civil contribuir al éxito de este fin, así como de los representantes de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a cargo del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción. 

 

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Sábado, 11 de septiembre de 2010

Por Israel Arias Quijano

UNA ELECCIÓN MUNICIPAL DE ESPALDAS AL CONSUMIDOR

Dentro de la contienda electoral municipal para Lima Metropolitana, se ha carecido de propuestas a favor del consumidor. Los planes de gobierno enviados al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los candidatos a la alcaldía de Lima, muestran un limitado entendimiento del rol municipal frente a la protección de los derechos del consumidor.

Una prueba al canto. El día 02 de septiembre se promulgó el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 29571) en el diario oficial El Peruano. Un hecho sin precedentes en el país, que no contó con ningún tipo de respaldo o comentario por parte de los aspirantes al sillón municipal.

Todos los candidatos, sin excepción, no han mostrado en sus planes una propuesta coherente y articulada a favor del consumidor para la promoción de las buenas prácticas empresariales, mejora del abastecimiento de productos y servicios, y decomiso y retención de productos robados, falsificados y adulterados. Nada que la Ley Orgánica de Municipalidades no contemple como sus competencias y funciones municipales.

No se perciben propuestas para la mejora de servicios y productos en la ciudad. Por ejemplo, podría crearse una Escuela Municipal para la capacitación de pequeñas y medianas empresas, ubicadas en sectores de pobreza y pobreza extrema de Lima. Existe un desconocimiento masivo de técnicas de gestión para negocios en proceso de formalización y crecimiento, como puestos de comida, bodegas, mercados, etc.

Otro punto a tratar. Es la lucha contra la venta de productos robados, falsificados y adulterados que proliferan en la ciudad. No se han planteado propuestas para su erradicación. El consumidor necesita seguridad en sus compras. La municipalidad debería promover el registro de empresas por rubros, con el fin de supervisar la calidad de sus productos y servicios, en conjunto con otras dependencias estatales.

La reciente promulgación del Código del Consumidor, incluye a un representante municipal al interior del Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Es decir, las municipalidades tendrán voz en la formulación de políticas públicas destinadas a la protección del consumidor. Esta oportunidad permitirá reforzar la labor municipal en dicha materia.

Finalmente, preocupa la poca apertura a la discusión integral de temas enfocados a la gestión municipal. No se puede disgregar las diversas problemáticas de la ciudad. Eso genera confusión y poca capacidad de juicio frente a propuestas superficiales, demagógicas e inviables. El consumidor necesita un espacio dentro de la programación de debates. Es obligación de los candidatos establecerlo.

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Martes, 03 de agosto de 2010

Por Israel Arias Quijano

DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS AL LIBRO DE RECLAMOS

En su último mensaje a la nación, el Presidente de la República anunció la creación del Libro de Reclamaciones por decreto supremo Nº 077-2010-PCM. En sus propias palabras: “No hay que tener temor al establecimiento de un libro de reclamaciones…”. Palabras seguramente guiadas por la demora en la aprobación del Código del Consumidor en el Congreso de la República.

Sin embargo, esta herramienta de atención de reclamos, ya estaba contemplada en el Subcapítulo III del Código del Consumidor, dejando en evidencia el desmembramiento de un cuerpo medular ideado para la protección del consumidor, que aún necesita de una segunda votación congresal para su aprobación. Atrás quedaron más de siete meses de trabajo ininterrumpidos entre autoridades, empresarios y sociedad civil.

Según el INEI, somos más de 28 millones de peruanos, de los cuales el 30% se concentra en las provincias de Lima y Callao, siendo más de 5 millones (mayores de edad) los habilitados para la presentación de un reclamo, así como el resto de jóvenes y adultos repartidos demográficamente en el resto de provincias del país. Estas cifras dejan de manifiesto la importancia de la promoción de los derechos del consumidor a nivel nacional.

La ciudadanía necesita tomar conciencia respecto a sus relaciones de consumo; y para eso el acceso a la información es clave, ya que termina convirtiéndose en un ingrediente para la formación de una cultura del reclamo. Las asociaciones de consumidores cumplen un rol preponderante dentro de esta labor.

Asimismo, este decreto supremo permitirá a todos los peruanos hacer sentir sus reclamos. Según la norma, toda empresa que cuente con locales abiertos al público está obligada a implementar un Libro de Reclamaciones para su consulta y presentación de quejas. Limitar e impedir su acceso podrá ser reportado ante la comisaría del distrito y el Indecopi. Queda de manifiesto la necesidad de implementar mecanismos eficientes para el cumplimiento de dicha norma. Las visitas inopinadas serán un buen aliciente para su cumplimiento. Incluso, un registro de empresas permitiría un mayor control.

Sin embargo, la norma establece un elemento discordante. Por ejemplo, se da a las empresas un plazo de 72 horas para la remisión de reclamos y sus descargos ante el Indecopi, cuando la Ley del Sistema de Protección al Consumidor establece un plazo no mayor a 30 días calendario para la solución de reclamos, con la posibilidad de ampliación. Esta situación tiene que ser subsanada en la reglamentación de dicha norma, con el fin de asegurar su correcta ejecución.

Finalmente, estemos atentos a los pormenores de la implementación del Libro de Reclamaciones, así como la aprobación del Código del Consumidor. El consumidor necesita un marco normativo eficiente para la mejora de la atención y solución de sus quejas, reclamos y denuncias, en salvaguarda de la protección del consumidor en todos los rincones del país.